Por Eduardo Mackenzie
Agosto 28 de 2011
Qué mal perdedor es el colectivo de abogados Alvear Restrepo.
En lugar de admitir que el derrumbe del inicuo proceso que le montó al coronel Alfonso Plazas Vega es ineluctable, pues las tres únicas “pruebas reina” que había avanzado contra él terminaron desinfladas, gracias a la acción de la defensa del coronel y de algunos periodistas independientes, sin olvidar la sabia posición adoptada por la Procuraduría General, que nunca creyó en la culpa de Plazas y recepcionó el desmentido contundente del verdadero suboficial (r.) del Ejército Edgar Villamizar Espinel, ese grupo de litigantes izquierdistas intenta ahora una maniobra desesperada para impedir el naufragio definitivo de su causa.
No les quedará fácil hacerlo pues lo que intentan en estos días es tan grotesco y débil como lo que hicieron en el pasado, sobre todo respecto de los tres testigos “estrella” que querían hacer valer contra el coronel Plazas Vega, contra el general Arias Cabrales y contra otros militares que intervinieron en el histórico rescate del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El doctor Daniel Prado, abogado de víctimas, aspira a sacar de su manga un nuevo “testimonio” contra el coronel Plazas. Un testimonio que no había sido esgrimido (vaya uno a saber por qué) por los acusadores del Coronel. Arguye Prado que la Comisión de la Verdad, de la CSJ, sobre los hechos del Palacio de Justicia, había registrado, en tres párrafos, un “testimonio” desapercibido. Sin embargo, éste era ya, en sí, sospechoso. Pues se trata de una “declaración” dada no por un testigo presencial sino por una tercera persona: el ex magistrado del Consejo de Estado Jorge Valencia Arango habría oído decir algo al ex chofer de su hijo. El doctor Valencia no se acuerda bien si éste se llama Jaime Arenas, o Jaime Buitrago.
Daniel Prado trata ahora de sacar a la fuerza de su merecido retiro al ex magistrado Jorge Valencia Arango, de 85 años, para exponerlo a toda suerte de peripecias. ¿Querrá el ex magistrado salir a estas alturas a bailar bajo la música del colectivo de abogados?
Sería muy raro que Jorge Valencia haga de buen grado lo que le piden pues él nunca se sintió obligado a rendir testimonio alguno a la justicia que investigaba los hechos del Palacio de Justicia. ¿Si él tenía un testimonio por qué lo ocultó durante quince años? ¿No es esa una conducta anómala en un magistrado de su calidad? Aún más curioso: el mismo Daniel Prado, aunque creía conocer por terceras personas esa historia del chofer “desde abril 1998”, tampoco quiso decirle nada a la justicia hasta hoy por razones obscuras.
A regañadientes, según cuenta la prensa, el ex magistrado Jorge Valencia Arango dio, en 2001, unos datos sobre un supuesto episodio del cual el sólo tiene recuerdos fragmentarios. De eso el doctor Daniel Prado quiere sacar un testimonio capital que “confirmaría”, según él, que el coronel Plazas ordenó “desaparecer” a once personas. Nada es más improbable. Lo que habría dicho el ex chofer no tiene nada que ver con “desapariciones”. El misterioso personaje, cuyo paradero nadie conoce, sólo habría dicho que había sido “torturado” en el Cantón Norte. Esa persona, si se lee bien lo que dijo El Tiempo y El Espectador, nunca acusó de ello, ni de “desaparición” alguna, al Coronel Plazas.
Iván Cepeda, celebrando la condena a 30 años del coronel Plazas Vega
Y lo que es peor (para Daniel Prado): el personaje invisible no declaró ante juez alguno lo que le atribuyen. ¿Por qué calló? Porque estaba “amenazado”, pretende el doctor Valencia. Sin embargo, otros ex rehenes del M-19 que salieron del Palacio y sufrieron posiblemente malos tratos por soldados durante los interrogatorios en la Casa del Florero, declararon después ante la justicia sin que les pasara nada. Es el caso, para citar dos ejemplos muy conocidos, de Eduardo Matson Ospino y de Yolanda Santodomingo Albericci, quienes fueron dejados en libertad la misma noche del 6 de noviembre de 1985.
¿El ex magistrado Valencia dirá por fin los nombres de los altos mandos militares a quienes les pidió la puesta en libertad del chofer? ¿La fiscalía hará aparecer no solo a éste, sino al soldado que llamó al ex magistrado Valencia?
Daniel Prado quiere que el chofer sea buscado por tierra, mar y aire para que vaya a contarle no se sabe qué, a no se sabe quién. ¿Están preparando una variante de lo que hicieron con Edgar Villamizar? ¿Están preparando a alguien para que asuma la identidad de otro y acepte ir a dar, a un lugar extraño, un falso testimonio adicional? ¿Están urdiendo una nueva leyenda para impedir que el Tribunal Superior de Bogotá absuelva definitivamente, como todo el país espera, al Coronel Plazas Vega?
Esa jugada sería peligrosa para el falso declarante y para quien lo patrocina. Sin embargo, no se debe descartar que alguien quiera asumir ese triste papel pues ese método ilícito ya fue utilizado en ese y otros procesos con los resultados que conocemos. Los intrigantes lograron hacer valer falsos testimonios, como el de Tirso Sáenz, el de Ricardo Gómez Mazuera, y el de Edgar Villamizar, durante un tiempo, pues contaban con la complicidad de la ex fiscal Ángela María Buitrago Ruiz. Pero ella ya no trabaja en la Fiscalía pues el ex Fiscal General, Guillermo Mendoza Diago, le pidió, en agosto de 2010, la renuncia por las faltas profesionales que ella había cometido. Quince días antes de esa destitución, Mendoza Diago y la opinión se habían enterado con estupor que Buitrago había aceptado como testigo principal a René Guarín, un secuestrador del M-19 amnistiado que disimuló su horrible condición para poder orientar a su antojo el proceso.
Por su parte, el “testigo”, Tirso Sáenz, delincuente encarcelado, amenazó al juzgado con revelar que le habían prometido trasladarlo a Bogotá si acusaba de las peores cosas al Coronel Plazas. Su amenaza tuvo efectos pues el hombre fue traslado rápidamente de la cárcel de Cómbita a La Picota. Su testimonio fue rechazado.
El hecho de que aventuras tan escabrosas como la que afectaron el proceso del Coronel Plazas y como las que acaban de describir dos diarios importantes de Bogotá, muestra hasta qué punto la manipulación de la justicia y de los medios de información es un cáncer que avanza rápidamente y que terminará por abolir las libertades ciudadanas en Colombia si el gobierno y la sociedad en general, incluyendo a los propios jueces y a los propios periodistas, no se movilizan para ponerle fin.
Daniel Prado le mintió a los periodistas de El Espectador cuando les dijo, convencido quizás de que éstos no verificarían su dicho, que el testimonio de Yolanda Santodomingo había sido “determinante” para “condenar” al coronel Alfonso Plazas Vega. Eso es falso. Yo desafío al doctor Prado a que muestre dónde hay, en la larga sentencia de la juez María Stella Jara, una sola frase acusadora de Yolanda Santodomingo contra el Coronel Plazas.
El doctor Prado tampoco fue exacto cuando habló de Gámez Mazuera, pues dijo que el testimonio de éste “no fue aceptado porque no se hizo ante un fiscal”. La historia real es mucho más sabrosa: ese falso testimonio se hundió en 1990 porque Gámez Mazuera “fue citado por la Fiscalía en Bruselas y no quiso comparecer, [porque] se comprobó que él no fue policía regular, [porque] no estuvo en los hechos del Palacio de Justicia y [porque] no fue miembro de los servicios de inteligencia del Ejército”, como dice textualmente la sentencia de la juez Jara en la página 43. Ese testimonio fue redactado por gente del semanario comunista Voz y presentado en 1989 ante un notario por el sulfuroso cura Javier Giraldo. Gámez Mazuera huyó enseguida hacia Alemania y no volvió.
Por otra parte, Daniel Prado asegura que la declaración de Édgar Villamizar fue desvirtuada por un “error mecanográfico”. ¿Por un error? La defensa del coronel Plazas, el ministerio público y algunos periodistas independientes, demostraron, en efecto, en junio de 2011, que quien declaró en nombre de Edgar Villamizar (o Villareal) no era sino un usurpador de identidad del verdadero Edgar Villamizar Espinel. Este, el auténtico, se presentó ante el Procurador General Alejandro Ordoñez Maldonado, se identificó y le explicó que él nunca había declarado ante la fiscal Buitrago, ni en la Escuela de Caballería, ni en la Fiscalía, y que no había participado siquiera en el rescate del Palacio de Justicia. “Esa no es mi firma, agregó, ni lo que dice allí fue mi declaración. Yo jamás he declarado estas cosas ante ninguna entidad”. Indicó que jamás la Fiscalía lo había citado a declarar. Y, para finalizar, subrayó que temía por su vida porque él había trabajado con el CTI de la Fiscalía y sabía lo que ésta es capaz de hacer. “Mi sentencia de muerte es segura”, advirtió.
Estamos pues ante un plato muy tóxico que ya ha sido servido: una historia opaca que sale de la nada, un testigo oculto, cuyo nombre es impreciso (como en el caso de Villarreal-Villamizar), y que nunca declaró ante la mayor investigación y recopilación de hechos, pruebas y documentos que haya sido hecha acerca del atentado contra el Palacio de Justicia: la que hizo el Tribunal Especial de Instrucción que, bajo la dirección de dos grandes magistrados, Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata, y con la cooperación de diez jueces de instrucción, con jurisdicción en todo el territorio nacional, investigó desde el 18 de noviembre de 1985 hasta el 31 de mayo de 1986.
El chofer Arenas (o Buitrago) tendrá que explicar, si aparece, no sólo cómo y por quien fue torturado, sino que tendrá que decir por qué aceptó cumplir tareas ordenadas por el terrorista Almarales, como cargar cuerpos y trasladar heridos hasta el cuarto piso del Palacio de Justicia, durante la sangrienta toma. Pues El Espectador afirma que ese fue el rol de Arenas (o Buitrago), como rehén, durante ese terrible atentado.
Doctor Prado: lance la bola. Ya veremos cómo y dónde cae.
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