PEOR QUE LA JUSTICIA MEDIEVAL

Por Eduardo Mackenzie *

En los albores del Renacimiento, cuando reinaba en Florencia la familia Médicis, un curioso rezago del Medioevo seguía aterrando a la gente: el tamburo. Todo aquel que quisiera denunciar a alguien podía hacerlo sin correr riesgos. No era sino ir al Palazzo Vecchio y depositar discretamente un texto anónimo con acusaciones en una especie de buzón en piedra que algunos llamaban la “Boca de la verdad”. Por ese medio, los florentinos podían acusar de las peores fechorías a sus enemigos y lograr que fueran encarcelados y que sufrieran, en ciertos casos, las terribles penas de la época.

Un día de 1476, un joven de 26 años, Leonardo da Vinci, quien trabajaba con pintores de su edad como Sandro Botticelli y Piero Perugino, en el taller del célebre pintor-escultor Andrea Verrocchio, fue arrestado durante la noche por dos esbirros de un monasterio. Conducido a la cárcel como un malhechor, Leonardo no sale de su asombro. ¿Qué había pasado? Hijo natural de un notario de la ciudad, el joven artista, púdico y ávido de conocimientos, había sido acusado, mediante denuncia depositada en el tamburo. El anónimo decía que Leonardo había cometido, con dos otros pintores, el crimen de sodomía sobre un joven de 17 años, Jacopo Saltarelli, aprendiz de orfebre, que posaba para pintores y escultores de la ciudad.

Leonardo sufrió un interrogatorio de policía humillante y negó los hechos que le reprochaban. ¿Se trataba de una venganza contra su padre? Nunca él descubrió quien obraba de esa manera. Ayudado por su maestro Verrocchio, quien gozaba de la protección de Lorenzo “el Magnífico”, monarca de Florencia, Leonardo y los cuatro acusados fueron juzgados y dejados en libertad el 9 de abril. Pero la condición que les impusieron no fue de gran consuelo: ellos debían regresar al tribunal dos meses después para ser juzgados en segunda instancia si el delator completaba su denuncia con pruebas irrefutables. Por fortuna, el misterioso acusador no reiteró su acto y Leonardo y sus amigos, el 7 de junio, fueron absueltos definitivamente. Sin embargo, para el futuro sabio, arquitecto, inventor y pintor de la Gioconda, esos meses fueron una pesadilla. De ese episodio abominable le quedará a Leonardo un trauma del cual nunca se curará. La mayoría de sus obras de ese periodo se perdieron. Centro de creación artística, riqueza y poder, Florencia era, al mismo tiempo, nido de peligrosas y violentas intrigas políticas.

¿Por qué esta historia? Porque los colombianos hemos descubierto ahora que otro tamburo funciona en Bogotá, como si 535 años de evolución jurídica, judicial y constitucional en Occidente no hubiera servido para nada. Todo aquel que quiera denunciar a alguien puede hacerlo sin correr riesgos. No es sino ir a la Fiscalía General, o a la sala penal de la CSJ, y depositar discretamente un anónimo con acusaciones. Sus enemigos serán tratados como fue tratado Leonardo da Vinci, o peor: serán arrestados, interrogados, humillados y encarcelados no durante meses sino durante años, aún si son inocentes. Unos pocos serán absueltos tres o cuatro años después, sin obtener excusas ni reparación alguna, y en medio de la hostilidad o del silencio cobarde de los media. Salen con sus vidas deshechas y arruinados, pero deben darse por bien servidos, pues muchos otros no lograrán ni siquiera eso.

La mayor vergüenza del tamburo colombiano es que con él Leonardo da Vinci no habría escapado a la vindicta de sus enemigos sin rostro, pues a diferencia de los jueces del Renacimiento italiano, la ausencia de pruebas, o el silencio del acusador, o la renuncia de éste a reiterar su infamia, no tiene efecto entre nosotros. Los jueces al servicio de los Médicis, exigían, al menos, pruebas irrefutables, y se inclinaban ante la ausencia de éstas. En la Colombia de hoy eso no se cumple, o sólo muy excepcionalmente. Un justiciable puede demostrar que su expediente es nulo e inconsistente, que las acusaciones  son lunáticas y motivadas por el odio de alguien, que los testimonios invocados por la instrucción son falsos o imaginarios, que el pretendido delito ya fue juzgado, que la infracción fue civil y no penal, que la investigación fue parcial e incompleta y, aún así, él sigue en la cárcel y bajo el escarnio mediático alimentado por los intrigantes.

Tortura en el medioevo

Eso demuestra que la justicia en Colombia ha regresado a la época medieval, o a algo peor. El Renacimiento, el humanismo, la Ilustración, la modernidad, han sido barridos de los estrados por manos obscuras, por impostores.

En Colombia, ciertos poderes minoritarios, con la ayuda de jueces que se creen por encima de todo, deciden en privado quien debe ser detenido y condenado, y quien puede ser dejado en libertad. Unos círculos secretos, que se hacen llamar “colectivos de abogados”, hacen valer sus consignas de venganza. Sus órdenes de muerte civil contra inocentes son cumplidas al pié de la letra por la institución judicial. Y nadie puede oponerse. Pues ese poder subterráneo es temido por todos. Nadie sabe quien dirige esa organización. Parlamentarios, ex ministros, militares, periodistas, funcionarios de inteligencia, son objeto hoy de infames persecuciones. Gracias a amalgamas absurdas, ex ministros, ex consejeros del gobierno del presidente Álvaro Uribe están siendo difamados y enviados a la cárcel, uno tras otro. Antes de ser vencidos en juicio, son declarados culpables. Le acaba de ocurrir eso al ex ministro Andrés Felipe Arias. La Fiscal General de la Nación, luego de ponerlo tras las rejas y abusando de su poder, declaró que él era un “delincuente de cuello blanco”, y una “persona peligrosa para la sociedad”. El derecho a la presunción de inocencia voló por los aires.

La mayor obsesión de los conjurados, su odio más devastador, tiene un destinatario: Álvaro Uribe, el mejor jefe de Estado que haya tenido Colombia. Esa gente obra todos los días contra él: intrigan, denigran, mienten, corrompen, fabrican pruebas, amenazan. Su objetivo es echar a la cárcel por todos los medios al presidente de la seguridad democrática. ¿Por qué tanto odio? Porque él y su gobierno, en ocho años, cesaron la farsa de los “diálogos de paz” con el terrorismo, redujeron las FARC a la porción congrua, desmantelaron las bandas paramilitares, rescataron a muchos secuestrados y le trajeron un poco de paz y de prosperidad a Colombia.

Los impostores no le perdonan eso. Para aislarlo, ellos tejen historias y compran falsos testimonios a criminales. También  destruyen y declaran nulas ciertas pruebas. Un ejemplo: cuando las fuerzas armadas de Colombia, tras pagar un alto precio en sacrificio humano, le arrancaron a las FARC, en un ataque en Ecuador,  las pruebas de sus crímenes, así como los registros digitales de sus órdenes escritas, de sus planes realizados y por realizar, en Colombia y en el extranjero, la lista de sus agentes, de sus sicarios y de sus cómplices urbanos más cínicos, unos magistrados declararon, con argumentos inadmisibles, “ilegal” e “inválido” ese valioso material probatorio, que había sido reconocido como auténtico por una comisión de expertos de Interpol. Los acusados de ser agentes de las FARC pudieron escapar a la justicia gracias a ese subterfugio.

Aunque miles de voces se levantan contra eso, tales abusos quedan sin sanción. Pues el organismo que puede limpiar el medio judicial no se atreve a hacerlo. Los congresistas colombianos carecen de inmunidad. El Parlamento tiene miedo. Lo acaba de decir el propio presidente del Senado, Juan Manuel Corzo. Sin inmunidad no puede haber un “Congreso libre y no condicionado”, explica él. Pero nadie lo apoya. El miedo está en todas partes.

Quien levante la voz contra la justicia marxista, recibe de ésta un anuncio: le pueden abrir investigación por cualquier cosa. Si no ha cometido delitos se los inventan: alguien arrojará acusaciones en el tamburo. Una justicia medieval, doblada de justicia stalinista, se incrusta en un país democrático. Los parlamentarios que son condenados no tienen derecho siquiera a la doble instancia: la sentencia contra ellos es inapelable. Colombia vive así, como muestran cientos de ejemplos, bajo la dictadura de los jueces y nadie puede hacer nada. El parlamento tiembla y el gobierno tolera y se adapta a ese caos, creyendo que podrá escapar a la lógica de los conjurados.

Estamos pues ante una verdadera cruzada obscurantista. Ante una operación de largo aliento destinada a poner de rodillas el sistema democrático. Es el viejo proyecto de las Farc, por el cual delinquen sus jefes y sus bases desde hace más de 50 años. Lo están logrando ahora combinando la acción armada con oficinas siniestras y con el derrumbe del sistema judicial. Buscan doblegar desde dentro el Estado, para destruirlo. Como la violencia fariana no pudo demoler las defensas militares del país, como las revoluciones castrista y chavista no pudieron apoderarse del país mediante la guerra civil, ni mediante una elección, encontraron otra vía. Descubrieron que es más fácil enviar a la cárcel a los líderes militares y civiles que combaten o combatieron con éxito la subversión, los paras y el narcotráfico. Cuando vieron que el DAS comenzaba a investigar la relación de algunos magistrados con mafiosos, y cuando empezaba a develar quien financiaba los viajes de Piedad Córdoba al extranjero, enviaron a la cárcel a los investigadores. La ex directora del DAS está hoy asilada en Panamá. Ella iba a ser encarcelada por haber cumplido con su deber: poner en claro los secretos de la subversión. Ahora obligan al gobierno de Santos a pedir su extradición, lo que viola el derecho internacional. Todo el país es testigo de ese cúmulo de horrores. “La justicia es antiuribista”, afirma María Isabel Rueda, una célebre periodista de Bogotá. En vano. Toda acción contra la destrucción de la justicia, y por el castigo de los responsables de ese estado de cosas, es imposible. El drama de la Colombia de hoy se resume a eso, a esas operaciones de conquista ilegal del aparato de Estado y a la impotencia de éste y de la sociedad para defenderse. ¿Qué hacer entonces?

*Periodista. Autor de Justicia ¿Misión imposible?, Editorial Carrera 7ª, Bogotá, 2011

7 de agosto de 2011