Por Rafael Nieto Loaiza
Hay que bajar las expectativas. La recreación del Ministerio no arreglará el desastre de administración de justicia que sufrimos.
No digo que volver al Ministerio de Justicia no sea una necesidad. La fusión con Interior terminó en que en la agenda del gobierno la justicia quedó subordinada a la política y no hubo interlocutor permanente con las altas cortes. Y permitió que se nombrara como ministro incluso a quien no era abogado y en su arrogancia pretendía fungir como uno, Pretelt de la Vega. Se requiere, además, alguien que se siente en el Consejo de Ministros y ahí pueda presionar la definición de la política criminal y defender las causas de la justicia.
Pero ni aun una persona de las formidables calidades de Juan Carlos Esguerra, el nuevo Ministro, podrá resolver los problemas que nos aquejan. Y no podrá hacerlo porque esos problemas no dependen del Ministerio. Son de la rama judicial, autónoma por definición constitucional. Y la rama judicial ni se quiere reformar ni, por supuesto, acepta que la reformen.
Se ha intentado varias veces. Cinco propuestas de reforma a la justicia, que recuerde, se elaboraron durante la administración de Uribe. Me consta que al menos dos de ellas se hicieron con participación activa de las cortes que, al final del proceso y cuando parecía alcanzado el acuerdo, se dedicaron a torpedear las propuestas hasta hundirlas. Después la pelea de la Suprema con el Presidente hizo imposible cualquier esfuerzo. La distancia se hizo tan grande que un sector de la Corte, en clara retaliación y en abierta contravía de la Constitución, hizo imposible por más de un año la elección de Fiscal General.
Vargas Lleras y Jaime Arrubla
Son tiempos pasados. El Gobierno está de luna de miel con los tribunales. Con todo, ya admite que no será posible alcanzar un acuerdo con las cortes para presentar un proyecto consensuado de reforma. Algunos lo dijimos desde el principio: ese acuerdo no es posible porque, repito, los magistrados no quieren reforma alguna. Prefieren el statu quo, que los hace poderosos y temibles.
Supongo que a pesar de las advertencias, sin embargo, el Gobierno necesitaba mostrar a la opinión pública que había buscado un consenso con las cortes. Ya lo hizo. Se sentó por un año con ellas, sin éxito. Ahora no tiene opción distinta que presentar al Congreso una propuesta de reforma, integral y coherente.
Es una lástima que Esguerra no haya participado activamente en su elaboración. Ha vivido y sufrido el sistema judicial y sabe del estado actual de cosas. Desde su experiencia habría insistido en los aspectos que más interesan a los ciudadanos: la necesidad de una justicia pronta y cumplida y no la eternamente morosa que nos agobia, la simplificación de los procedimientos, la urgencia de seguridad jurídica, el acceso rápido y fácil de todos los ciudadanos al sistema, la despolitización de los magistrados, la purga de los corruptos, el mejoramiento de la calidad de jueces y sentencias.
El riesgo está en quedarse en asuntos que, si bien son importantes, interesan sólo a unos pocos o son muy técnicos, como la tutela contra sentencias. Confiemos en que el Gobierno se la juegue toda y, como en otros temas polémicos, sea capaz de sacar adelante la reforma en el Congreso. Para eso cuenta con la Unidad Nacional. Pero será más difícil ahora: los congresistas le tiene pavor a la Suprema y al Consejo de Estado. No olvidan que su libertad y su curul dependen de ellos.
Julio 17 de 2011
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