Por Eduardo Mackenzie
Hay indicios de que la Fiscalía General de la Nación está investigando ilegalmente y adelantando maniobras de intimidación perfectamente arbitrarias contra el periodista colombiano Ricardo Puentes Melo.
Los elementos de juicio que permiten afirmar esto aparecen en la entrevista concedida el 18 de junio pasado a El Espectador por la ex fiscal Ángela María Buitrago, quien fuera destituida el 1 de septiembre de 2010 por Guillermo Mendoza Diago, el Fiscal General encargado de ese entonces.
Durante su conversación con la periodista Cecilia Orozco Tascón, la ex fiscal Buitrago reveló que ella había “solicitado” a la Fiscalía que abriera una investigación contra Ricardo Puentes. ¿Por qué? ¿Cual es el pretexto? Lo que ella explicó produce escalofríos: porque la ex fiscal está, simplemente, molesta con las críticas que ese periodista independiente le formulara en una página web.
Puentes ha investigado y ha denunciado, en efecto, la forma aberrante y descaradamente ilegal que adoptó la señora Buitrago ante la instrucción que la Fiscalía le habían encomendado hacer respecto del coronel Alfonso Plazas Vega.
Los motivos del periodista Puentes para hacer esas críticas son legítimos. Todo el mundo recuerda que esa fiscal aceptó, entre otras anomalías, los falsos testimonios de dos personajes muy cuestionados desde el comienzo por la defensa y por el Ministerio Público. Sin embargo, ella desoyó todas las objeciones, validó esos testimonios y los defendió hasta el final, a pesar de que el carácter ilegal de los mismos era más que evidente. Es más, eran tan falsos esos testimonios, el de Tirso Sáenz (quien reveló haber recibido promesas de dinero y de beneficios legales a cambio de su falso testimonio) y el de Edgar Villamizar (quien nunca declaró en la Fiscalía), que la Procuraduría General de la Nación pidió la absolución del coronel Plazas.
Hasta la misma juez María Stella Jara no pudo menos que alejarse de lo que pretendía Ángela María Buitrago y repudió el testimonio de Sáenz, como reza en la inicua sentencia del 9 de junio de 2010, que condenó, en primera instancia, a 30 años de cárcel al coronel Plazas. En otro proceso, el del general Arias Cabrales, la juez Trejos también repudió el testimonio hechizo de Edgar Villamizar. Aun así, y sin una sola prueba contra ellos, Plazas y Cabrales fueron condenados en primera instancia. Esos altos militares, héroes del Palacio de Justicia, fueron condenados a 30 y 35 años de cárcel sin que la justicia haya tenido la amabilidad de probar que ellos cometieron un sólo delito. Por eso muchos piensan que la justicia colombiana está siendo destrozada desde dentro.
El ilustre filósofo Olavo de Carvalho, Graça Salgueiro y Ricardo Puentes Melo
Los métodos francamente escandalosos que empleó (y que emplea aún) la ex fiscal Buitrago, y que aparentemente siguen siendo acogidos en la Fiscalía, quedaron confirmados en la citada entrevista cuando ella agregó que los “escritos y la actitud de Puentes” habían sido “puestos de presente en la Fiscalía y en los organismos competentes”, para abrir esa investigación.
La ex fiscal explicó en qué consistía la “actitud” del periodista Puentes: “El señor Puentes defiende a ultranza a los estamentos militares y descalifica, de manera grotesca, las actividades de los órganos judiciales”. La ex fiscal reiteró así cuál es la mayor culpa del periodista Ricardo Puentes: “él defiende a ultranza al coronel (Plazas)”.
Los graves delitos cometidos por el periodista Ricardo Puentes son, pues, lo que piensa y sus escritos. Tales son los motivos y “circunstancias fácticas” que la señora Buitrago parece haber invocado cuando exigió que la maquinaria represiva del Estado colombiano se pusiera en marcha contra un periodista.
Aún si la crítica es severa y, como dice la ex fiscal, grotesca, en ninguna democracia criticar la actividad de los “órganos judiciales” constituye un delito. Criticar las decisiones de un fiscal o de un juez es un derecho de todo ciudadano, sobre todo si esa crítica va acompañada, como hace el periodista Ricardo Puentes, de pruebas.
En cambio, lo que hace la ex fiscal no lo es. Ella pretende utilizar el ente encargado de adelantar el ejercicio de la acción penal como instrumento intimidatorio y de venganza personal dentro de una especie de vendetta orientada por ella contra uno de sus innumerables críticos.
La ex fiscal Buitrago no actúa sola. Dos días después de su entrevista, alguien de la misma cuerda ideológica, el abogado Ramiro Bejarano, ex director del DAS, saltó al ruedo y lanzó por una radio otra violenta tanda de improperios contra el periodista Puentes pues éste había cometido el crimen de descubrir el paradero del verdadero Edgar Villamizar y de llevarlo ante Alejandro Ordoñez, Procurador General, ante quien declaró formalmente que él nunca había rendido testimonio ante la fiscal Buitrago. Tal reaparición ha desatado una onda de pánico entre quienes hicieron el montaje judicial contra el coronel Plazas Vega. Pues Villamizar, el verdadero, sostiene, además, que nunca estuvo en los hechos del Palacio de Justicia. Así, el único “testimonio” que quedaba en pié contra el coronel Plazas se derrumbó y la pretendida diligencia que Buitrago dice haber realizado en la escuela de Caballería, en fecha indeterminada, resultó ser una patraña con suplantación de testigo.
Es de suponer que la ex fiscal será llamada a responder muy pronto por su conducta ante un juez pues lo que está sobre el tapete es muy grave.
En cuanto a la Fiscalía, ésta debería decir públicamente si el periodista Ricardo Puentes Melo es objeto de una investigación penal y, si la hay, cuáles son los motivos y desde cuando ésta existe. Si calla se podrá deducir que su actuación no es clara. Si hay investigación, ésta no puede ser clandestina y debe hacerse bajo el control de un juez de garantías, que decida sobre la legalidad de esa medida. Mientras tanto, las asociaciones de periodistas, en Colombia, Estados Unidos y Europa, serán alertadas y observarán con gran interés lo que está ocurriendo.
23 de junio de 2011
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