No cesa el palo de los jueces a nuestra fuerza pública. Primero las sentencias absurdas y contrarias a los tratados de derechos humanos, antes contra el general Uscátegui y después contra el coronel Plazas Vega y el general Arias Cabrales. Son condenados sin que el crimen esté probado, sin pruebas contra ellos, con testigos falsos, en abierta violación de los principios de no retroactividad y de favorabilidad en materia penal, sin delito pretederminado y con base en una interpretación amañada de una doctrina penal que lleva a concluir que las Fuerzas Militares son una organización criminal y no el aparato legítimo para usar la fuerza del Estado. Unas semanas más tarde la joya de la “Suprema”, que ampara a los criminales de las Farc y que hace jurídicamente inviable el uso de las memorias informáticas de Raúl Reyes, la más valiosa información que se haya tenido nunca en la lucha contra los terroristas. Ahora la decisión del Consejo de Estado de condenar a la Nación por la toma de las Delicias, con el argumento de que al Gobierno le faltó previsión cuando ubicó la base militar en ese lugar.
Olvida el Consejo que esas bases deben estar precisamente en lugares peligrosos, que es de la naturaleza de la tarea de militares y policías enfrentar esos riesgos, y que la situación de la Fuerza Pública en esos años era sumamente precaria. Militares y policías no contaban entonces con los medios y presupuestos de hoy (el Ejército, por ejemplo, no tenía aviación y los helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea eran pocos y estaban en mal estado) y tampoco tenían el apoyo del Gobierno o de la ciudadanía. La consecuencia de esa situación no puede ser, sin embargo, como se deduce de la sentencia del Consejo, que el Estado no podía instalar bases militares en áreas de peligro. Con esa argumentación la Nación siempre saldrá perdiendo: la condenarán por no haber protegido a la población que tenía que sufrir a las Farc y la condenarán también por enviar a militares y policías a cuidar a los civiles en condiciones que, como en las Delicias, estaban lejos de ser las ideales.
Para rematar, el Consejo pide investigar penalmente a las autoridades militares y civiles de la época. La consecuencia de la decisión del máximo tribunal de lo contencioso será una seguidilla de sentencias contra el Estado por casos en que las Farc y el Eln atacaron bases militares y cuarteles de la policía y otra vena abierta para el desangre del presupuesto nacional. Y, claro, una sonrisa macabra en el rostro de la guerrilla que verá como los colombianos terminamos pagando por los crímenes que ella comete.
Porque no tengo duda de que después de ésta vendrán otras decisiones similares, tal y como empezó a ocurrir con el auto inhibitorio de la “Suprema” en el caso Borja. En el mejor de los escenarios el magistrado Tarquino, presidente de ese tribunal, es un ingenuo que sostiene que ese auto no afecta otras investigaciones “porque cada proceso es distinto y las pruebas varían en uno u otro caso”. Ingenuo, digo, para no decir otras cosas que ofendan a la “Suprema”, ahora tan sensible como una insegura adolescente. Los jueces, sin embargo, no son ingenuos. Y ya el primero decidió dejar en libertad a Jaime Cienfuegos, el profesor dedicado a hacerle proselitismo y reclutar estudiantes para las Farc, como está plenamente demostrado en los computadores de Reyes.
Pobre país nuestro, con esta “justicia” que sufrimos.
Junio 05 de 2011
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