PARA VERDADES, EL TIEMPO

Por Saúl Hernández B
Hace una semana, Ricardo Puentes Melo denunció que el Gobierno no le quiere prestar protección pues no creen que corra algún peligro a pesar de que hace unos años su pequeño hijo fue secuestrado -según cuenta- para acallarlo, y de que sus revelaciones y denuncias (en el sitio periodismosinfronteras.com) suelen ser de alto vuelo: él fue quien descubrió que René Guarín Cortés, el principal instigador del juicio al coronel Alfonso Plazas Vega, es un guerrillero amnistiado del M-19, involucrado en secuestros que quedaron impunes.
Puentes acaba de develar algo que ya lucía como un siniestro montaje: ubicó al falso testigo del proceso contra Plazas Vega y lo convenció de acudir a la Procuraduría, donde declaró que no estuvo presente en los hechos del Palacio de Justicia, que no conoce al coronel Plazas, que no entregó declaración alguna a la Fiscalía y que la firma que figura en el acta no es la suya.
Este último asunto es esencial. La Procuraduría ya estableció, mediante examen grafológico, que el (verdadero) cabo retirado del Ejército Édgar Villamizar Espinel no pudo ser el mismo que se apareció de la nada en la Escuela de Caballería, en agosto del 2007, a ‘rendir’ una declaración espuria sobre los hechos del Palacio, que incluso fue refrendada con otro apellido, Villarreal.
Pero aparte de que el supuesto versionado niega haber entregado cualquier declaración sobre hechos que no presenció, hay que advertir que el relato, en sí mismo, es una fantasía que ningún juez del mundo admitiría como prueba. Alguien se inventó el cuento de que hubo que traer a Villamizar y a otros 13 militares desde Granada (Meta) a combatir en el Palacio de Justicia, como si en Bogotá no hubiera soldados suficientes o como si Villamizar fuera una especie de Rambo y sus compañeros, el Seal Team Six que dio de baja a Bin Laden en Paquistán. Pero, en la época, las Fuerzas Armadas no tenían helicópteros para 14 personas ni podían aterrizar en la Escuela de Caballería, como relata el falso Villamizar.

A la izquierda, la firma del suplantador en la supuesta diligencia que recibe la Fiscal Ángela María Buitrago (con la que condenaron a Plazas Vega a 30 años). A la izquierda, la firma del verdadero Edgar Villamizar Espinel

En esa fábula abundan inconsistencias de este tenor; nimiedades, dirán los que están tras esta cuenta de cobro a los militares. Pero no es una nimiedad que la jueza del caso, María Stella Jara, haya desestimado la declaración de otro falso testigo, el también cabo del Ejército Tirso Sáenz, cuando mintió al decir que fueron a dormir a la Escuela de Caballería la noche del 6 de noviembre y regresaron el 7 a la zona del operativo. Versión idéntica a la de Villamizar.
Estando demostrado que eso no es cierto, pues los blindados solo retornaron a la ESCAB el 7, al culminar su intervención en la retoma, la jueza Jara estableció que “… las contradicciones e inconsistencias que se evidenciaron al realizar la valoración individual y conjunta de las declaraciones ofrecidas por Tirso Armando Sáenz Acero hacen imposible tener por ciertas sus afirmaciones; por ello, el juzgado no lo tendrá en cuenta”.
Por eso, es sumamente extraño que se hubiera validado la declaración de Villamizar, también llena de contradicciones e inconsistencias, y acompañada de la misma mentirilla por la que la jueza desechó el testimonio de Sáenz. Y aunque ahora se aduce que hubo otras pruebas contra Plazas, la verdad es que él está condenado por la fantasmagórica versión de Villamizar. Sin ese testimonio, el juicio se cae.
Si antes se pensaba que la recaudación de la prueba no había respetado el debido proceso, lo que está en la palestra ahora es que se trata de un mero artificio. Nada que cause estupor si consideramos que Sáenz denunció, de su puño y letra, que le ofrecieron “beneficios jurídicos y económicos”, incluyendo la reubicación de su familia en el exterior, a cambio de declarar contra Plazas Vega. Por fortuna, tarde o temprano, todo se sabe. Pero es tenebroso ver en lo que anda nuestra justicia.
Junio 21 de 2011