Por Ricardo Puentes Melo
Enero 20 de 2012
Recordemos que el Mayor del ejército, Mauricio Ordóñez, está preso por hechos ocurridos el 14 de enero de 2007, en la vereda La Reforma, del municipio de Cali.
Lo primero que hay que mencionar, es que esta vereda es un estratégico corredor de criminales que da acceso a la parte alta de Cali; fue el corredor utilizado por las FARC para sacar a los diputados del Valle, posteriormente asesinados por esta banda. Allí hay minería de carbón. La vereda La Reforma estuvo hace muchos años en control del M-19, y estos hampones se la entregaron al ELN, y estos a las FARC. En pocas palabras, la zona es vital para los narcoterroristas.
Hagamos un recuento de los hechos para entender mejor por qué la mafia y sus miembros agazapados en la Fiscalía General de la Nación buscan la cabeza del Mayor Ordóñez.
El 9 de enero de 2007, el señor Eduardo Fernández de Soto, miembro de la Junta Directiva del diario El País, de Cali, actuando en nombre suyo y de otras personas, solicitó protección del ejército debido a que disponía de información de un grupo de guerrilleros que buscaban secuestrarlo a él o a alguien cercano a él. De inmediato se enviaron algunas unidades que registraron el área, pero no encontraron nada.
El 14 de enero, nuevamente el Sr. Fernández de Soto alerta sobre el peligro. Las tropas acuden al lugar y se enfrentan con cuatro facinerosos armados que estaban en inmediaciones de la Mina “Carbones Limpios”. Hay un intercambio de disparos y los delincuentes mueren.
De inmediato, el oficial del ejército que estaba al mando de la operación, el Mayor Ordóñez, llama a Martha Janeth Mancera, del CTI de la Fiscalía, para solicitar apoyo y para que se dirijan a realizar el levantamiento de los cadáveres. Los del CTI llegan a eso de las 11 de la noche pero no realizan la diligencia aduciendo que estaba muy oscuro y, además, que el lugar es demasiado boscoso.
La injusta condena contra el Mayor Ordóñez y sus hombres
Al día siguiente, es decir el 15 de enero, se inició el levantamiento de los cadáveres. La diligencia empieza once horas después de ocurridos los hechos. Incluso encuentran algunos perros husmeando los cadáveres, contaminando el lugar.
Cerca de la escena, el CTI entrevista a un cuidandero de nombre Ildelhibran Moreno, quien dormía en una casucha cerca de allí. Él dijo que “sabía que por ahí andaba el ejército”; dijo que había escuchado un tiroteo cuando estaba durmiendo, pero nada más. Y era natural, en esa oscuridad hubiera sido imposible ver algo desde su humilde casa. Dijo también, después de ver los registros de los cadáveres, que él sí había visto a esos hombres rondando por ahí, armados y preguntando por los dueños de la mina.
Al Capitán encargado, el CTI le pregunta la razón de por qué el cuerpo de uno de los bandidos tenía sangre a un lado, como si lo hubieran volteado. El capitán explica que una vez finalizado el intercambio de disparos, él llamó al enfermero de combate para que revisara los cuerpos y verificara si era necesario asistirlos, y también para evitar que alguno de los hampones –tal vez herido o haciéndose el muerto- les diera la sorpresa de acribillar a los soldados o a los miembros del CTI, a quienes esperaban.
Entonces empieza a ocurrir lo sorprendente. Sin ninguna orden judicial ni advertencia de que esto sería utilizado en su contra, los del CTI les ordenan al Capitán y a sus hombres que entreguen sus fusiles y pistolas de dotación. Y, todavía más increíble, los militares acceden a la petición de esta gente.
Ese mismo día, y ante los funcionaros del CTI, el Ingeniero Jesús Hernán Agredo, copropietario de la mina, rinde su declaración y explica las razones por las cuáles solicitaron ayuda al ejército; dice que durante varios días hubo presencia de hombres armados en la zona. Esa misma declaración la reafirma tres días después.
El 20 de enero, seis días después del enfrentamiento entre los soldados y los delincuentes, el humilde cuidandero Ilderhibran Moreno es visto realizando una comilona de sancocho con muchas personas, entre las cuales están familiares de los malhechores dados de baja por el ejército. El costoso banquete es mojado con decenas de canastas de cerveza y licor a montones. ¿De dónde sacó dinero este sencillo cuidandero para poder hacer tal invitación? ¿Por qué estaban familiares de los delincuentes entre sus invitados? Las respuestas pueden encontrarse en el siguiente suceso: 15 días después de los hechos y nueve después de esta francachela, el CTI llega a la mina a bordo de una flotilla de carros blindados, y se llevan al señor Ilderhibran y su familia. Hoy este señor es testigo protegido de la Fiscalía en contra del Mayor Ordóñez y sus soldados.
El Ingeniero Jesús Hernán Agredo vio con sus propios ojos el opíparo festín de Ildehibrand con los familiares de los bandidos, y así se lo hizo saber a la Fiscalía, protestando por lo que él consideraba un posible soborno a una persona para convertirla en testigo falso contra los militares. La esposa del ingeniero también testificó ante la Fiscalía acerca de esta extraña escena del cuidandero con la familia de los hampones.
Y esto le costó su vida a Jesús Hernán Agredo: Pocos meses después, este valiente ingeniero fue acribillado por sicarios en una calle de Cali. Su único pecado fue denunciar la presencia de delincuentes en la zona, y el haber denunciado el amasijo entre bandidos, Fiscalía y testigos falsos. Este crimen nunca fue investigado por la Fiscalía General de la Nación. Apenas obvio.
Pancarta de protesta ciudadana contra Colectivos de Abogados que viven del negocio del dolor de las víctimas
Y, otra cosa aberrante: La declaración del ingeniero Agredo se “extravió” de las oficinas de la Fiscalía. Tampoco fue llevada al juicio contra los militares.
Como ustedes ya supondrán, la Fiscalía acusó a los militares de haber cometido Falsos Positivos asesinando a humildes y sencillos campesinos. El testigo es, por supuesto, el cuidandero Ildehibrand Moreno quien, en su primera versión –en el lugar de los hechos- dijo que estaba durmiendo y que lo despertaron los disparos, y que no vio nada debido a la oscuridad, a la lejura de su casa, y a la espesa vegetación. Esto es cierto, y lo corroboran los miembros del CTI que acudieron a la escena; ellos dijeron que no se podía hacer ninguna diligencia porque el sitio estaba “oscuro y boscoso”. Entonces, ¿cómo pudo Ildehibran Moreno ver algo desde la lejura de su humilde casa?
Obviamente no pudo, pero un buen sancocho, muchos billetes y varias promesas más por parte de la Fiscalía, hacen maravillas.
La versión de la Fiscalía. La Fiscalía (Justiniano García y, luego, Jenny Tascón Alarcón), al acusar, asegura:
-Que el Mayor Ordóñez no llamó al CTI sino hasta el día siguiente. Esto, dice la Fiscalía, para poder alterar la “escena del crimen” durante la noche.
A este respecto, el Mayor Ordóñez pidió cita varias veces con la funcionaria del CTI, Martha Janeth Mancera, para que declarara confirmando la llamada durante la noche de los hechos. Martha J. Mancera nunca le concedió la cita, así que el Mayor fue hasta su oficina donde ella lo recibió a los gritos, visiblemente perturbada. Dijo la Mancera que ella no iba a declarar porque no se acordaba de esas llamadas cuando ella era directora del CTI en Cali. El Mayor Ordóñez solicitó que se pidiera a Avantel un record de las llamadas de ese día, pero el juez no autorizó tal cosa.
-Que se planeó la operación (muerte de los 4 sujetos). Que hubo premeditación.
-Que la operación debe ser cuestionada porque no hubo militares heridos ni muertos.
¿Esto significa que la eficacia del ejército es prueba criminal? ¿un enfrentamiento, para ser legal, debe tener militares muertos o destrozados..?
-Que hubo desproporción ya que el ejército estaba mejor ubicado que los criminales muertos.
Esto lo definieron por la lectura del informe de patrullaje.
-Que el capitán aceptó haber alterado la “escena del crimen”.
Recordemos que el capitán dijo haber autorizado que el enfermero revisara los cuerpos para auxiliar a los posibles heridos, y evitar sorpresas.
-Que había que vincular –como de hecho lo hicieron- a un suboficial y a un soldado que no estuvieron en la escena ni tuvieron relación alguna con el hecho. La Fiscalía exige cárcel civil en Villahermosa para ellos.
Al parecer, quieren amedrentarlos para luego ofrecerles ventajas por una delación falsa.
-Que el perfil del Mayor Ordóñez es criminal, y que la prueba está en las numerosas medallas a su valor, a su entrenamiento y a sus servicios al país. Aducen que el Estado lo ha entrenado para ser criminal.
-Que la declaración del ingeniero Agredo no aparece, y ya. Punto.
Respecto al juez. Por los lados del juez, el señor Víctor Flover Ortiz Monguí, las cosas no tienen mejor apariencia.
Ellos se benefician con las condenas infames a nuestros militares más sobresalientes
El juez Ortiz ha negado sistemáticamente todas solicitudes de la defensa, incluyendo objeciones, las pruebas de llamadas, etc.
También, es necesario contar que en su oficina se guardaban las pancartas de las ONG que realizaban las manifestaciones por casos de muertos en combate. Cuando hay audiencias al respecto, las ONG sacaban las pancartas de la oficina de este juez y, luego de las mismas, las guardaban de nuevo. Increíble pero cierto.
Inaudito también que el juez Ortiz se reuniera en su despacho con la fiscal y la procuradora en los recesos.
Inaudito que este juez ordenara que al general Juan Salcedo Lora se le llamara “general”, con el argumento de que tal cosa era una intimidación a su estrado.
No se individualizaron responsabilidades, se calificó de “criminales” a todos los miembros de la patrulla, incluyendo a dos hombres que no tenían relación con el caso, y los enviaron a una cárcel civil encerrándolos junto a criminales peligrosos y guerrilleros de lo peor. Esto con evidente intención de que los asesinen.
La prensa salió a publicar el hecho sin investigar nada.
Nada dijeron de lo que publicamos aquí, no mencionaron que los cuatro muertos tenían antecedentes criminales. Callaron que Edinson Yimel Villanueva Santa, Nelson Antonio Mosquera Osorio, Edwin Antonio Alvarán y Fabio Andrés Carmona Burbano, eran convictos por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de armas. No contaron que los exámenes forenses revelaron alto contenido de cocaína en su sangre; tampoco dijeron que cuando fueron dados de baja estaban en propiedad ajena, drogados, armados, y que habían sido vistos en ocasiones anteriores merodeando en esa propiedad, preguntando por los dueños y amenazando a los trabajadores.
En cuanto al señor Eduardo Fernández de Soto, al parecer no ha ido a declarar. Comprendemos su miedo y suponemos que el asesinato de su amigo, el ingeniero Jesús Hernán Agredo, a quien llenaron de bala por atreverse a enfrentar a las bandas enquistadas en los órganos de investigación, suponemos –repito- que ese hecho ha alejado a Fernández de Soto del asunto. Pero es mucho más lamentable que abandone a unos soldados a quienes él mismo pidió ayuda, que expusieron sus vidas por cuidar la de él y velar por sus propiedades. Y que hoy se encuentran condenados infamemente con mentiras y montajes.
Hoy, mientras el Dr. Fernández de Soto, sigue su vida como si nada, en medio de almuerzos de negocios, cocteles y viajes de placer, los militares que acudieron en su auxilio pagan su valentía con cadenas y vejámenes.
La señora Martha Janeth Mancera suponemos que recibió amenazas o sobornos. Y esto sería fácilmente verificable con tan solo solicitar el record de llamadas de Avantel, cosa que el juez no concedió.
Y el testigo falso de la Fiscalía, el mismo que en sus primeras declaraciones aseguró que no vio nada porque se encontraba durmiendo y a muchísimos metros de distancia, debe estar gozando de la recompensa a sus mentiras o esperando parte del botín que cobrarán los familiares de los bandidos cuando un famoso Colectivo de abogados obtenga orden de indemnización por esos “crímenes”.
Esta es Colombia. Un país en manos de la mafia, con un generalato que todavía se niega a ver que el ejército está siendo destrozado por la narcoguerrilla acurrucada entre fiscales, jueces, policías y –hay que decirlo- hasta en el mismo gobierno cómplice de estas desgracias
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